Ocho mil trabajadores que laboran en delegaciones federales de Tamaulipas quedarán desempleados al terminar la presente administración federal una vez que no se han autorizado nuevas plazas en esta administración y sus contratos están venciendo. Jaime Medellín Zepeda, presidente de la Federación Democrática de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (Fedest), dijo que son unos 8 mil empleados que se encuentran en la cuerda floja, la cual tendió el presidente Felipe Calderón Hinojosa, a quien responsabilizó de ser el principal promotor de la precarización del trabajo que hoy se vive en el país.
Y es que explicó que la política federal que ha imperado en los últimos años en todas las dependencias federales es la de contratar por cortas temporadas que van de los tres a los seis meses, con la perversa intención de que el trabajador no genere derechos de antigüedad ni ninguna otra prestación. Agregó que estos empleos por contrato se convirtieron en una trampa para muchos jóvenes necesitados de trabajo, y son en su gran mayoría los que hoy se encuentran en la incertidumbre.
La única manera de salvarse del desempleo es por medio de la basificación, sólo que ni siquiera se ve que el gobierno federal tenga intenciones de recontratarlos, además de que las partidas de gasto para nóminas de las dependencias federales en los estados se ha estado manejando a discrecionalidad y no con las reglas que aprobó el Congreso de la Unión.
“Con el salario de un trabajador debidamente integrado a la nómina de cualquier delegación, el gobierno federal hizo tres puestos, pulverizando el dinero y negando las prerrogativas de ley a que tiene derecho todo trabajador”, se quejó.
Dijo que, por ejemplo, todos los trabajadores de base del nivel federal van a recibir un bono sexenal de dos mil 500 pesos, el cual forma parte del pliego petitorio de incremento salarial correspondiente a este año, beneficio que no se hará extensivo a los empleados por contrato.
Un pendiente que, señaló, también es la incertidumbre de no saber si los empleados con contratos a seis meses les van a refrendar su condición laboral, ya que el mandato de Felipe Calderón Hinojosa concluye el 30 de noviembre de este año, y aunque el recurso ahí está, nadie sabe qué va a pasar.
Medellín señaló que en Tamaulipas el gremio tiene unos 60 mil afiliados y en el país existen 2 millones de trabajadores adheridos a la FEDEST, y la situación es apremiante en un 15 por ciento de toda esa plantilla laboral, porque se trata de los empleados por contrato.
Esta forma de contratar por periodos muy cortos a sus empleados es la estrategia utilizada por el gobierno federal para mermar la fuerza de los sindicatos en México, acusó Martha Guevara de la Rosa, secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).
Dijo que dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por mencionar algunas, son las que más emplearon personas bajo contratos temporales, incurriendo en un despilfarro del presupuesto, ya que los trabajadores sindicalizados existentes en esas dependencias se quedaron sentados sin desarrollar labor alguna.
Mencionó que la explicación de esta incongruencia está en el manejo político que se le ha dado a las delegaciones federales, cuyos titulares necesitaban gente fuera de sindicatos para utilizarla en labores político partidista a favor del PAN.
“Se supone que finiquitan sus contratos al finalizar el sexenio al depender de un presupuesto, cantidades de cuánta gente quedará desempleada no lo sé, pero son cientos de personas porque así se manejaron las dependencias federales”, dijo.
Guevara de la Rosa recordó que fue durante la administración de Lucía Irene Alzaga Madaria frente a la delegación de la Sedesol en Tamaulipas, cuando más gente se contrató a pesar de que esa dependencia contaba con suficientes recursos humanos, sólo que la delegada traía una encomienda político partidista y prefirió gastar recursos en gente bajo su confianza y no en los sindicalizados, a los que dejó sentados sin hacer nada.
Guevara señaló que en esa ocasión Lucía Irene contrató a unas 150 personas, lo que le valió una llamada de atención de oficinas centrales y aunque le bajó a la cantidad en la siguiente contratación, el número superaba siempre a las 100 contrataciones.
Así por el estilo se ha comportado el resto de las delegaciones, con contratos de tres hasta seis meses y toda esa gente nunca generó antigüedad ni ningún derecho, por lo que su condición actual es de total incertidumbre, refirió la dirigente sindical.
[ElMañana]
