Pide que el Tribunal Superior de Justicia analice la determinación de la juez 21 familiar del DF, Susana Trujano

Eduardo Moreno Laparade, sobrino del fallecido actor Mario Moreno, Cantinflas, acudió ayer por la mañana a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para ratificar la denuncia que hizo el pasado 10 de agosto de 2012.

Se trata de una averiguación previa FAE/A/T2/327/12-08 para que el Tribunal Superior de Justicia analice la determinación de la juez 21 familiar del DF, maestra Susana Trujano Castilla, quien en junio de este año emitió una sentencia definitiva a favor de Mario Arturo Moreno Ivanova, contradiciendo las sentencias que había dado previamente pero en favor de Eduardo Moreno Laparade.

“No estamos de acuerdo con el dictamen que dio, primero la sentencia fue positiva para mí en la sesión de derechos que hizo el señor Mario Moreno a mi favor y meses después no nos explicamos por qué dio contraria toda la sentencia”, indicó Laparade a su salida de la PGJDF.

El sobrino de Cantinflas negó cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo con Ivanova. “Yo haría acuerdoscon cualquier persona, con cualquier empresa, pero con el delincuente ningún acuerdo”, dijo refiriendose a Ivanova y aseguró que seguirá con el proceso hasta el final “Veinte años de litigio sí es muy desgastante pero seguiremos hasta el fin mientras nos duren las ganas de hacerlo”.

El siguiente paso será esperar el fallo que, de resultar a favor de la última resolución de la juez (a beneficio de Ivanova) recurrirán a un amparo; en caso contrario, Ivanova también podrá hacer uso de dicho recurso.

“El señor Eduardo Moreno confía en las autoridades, en el procurador general de Justicia del DF y en el presidente del Tribunal Superior de Justicia”, añadió el licenciado Javier Cuello, uno de los abogados del demandante.

Moreno Laparade aprovechó para dejar claro que nunca ha tenido acercamiento con Mario Ivanova, ni con sus hijos.

Aseguró también que nunca ha lucrado con el nombre y figura del fallecido actor para beneficio de la Fundación Mario E. Moreno A.C.

“Nosotros tenemos con la Fundación desde 1993 y desde entonces a la fecha nunca hemos cobrado un peso a nadie, lo que hemos hecho siempre ha sido a costillas mías. Él (Mario Ivanova) puede alegar lo que quiera, él es un mentiroso y engaña a todo el mundo; yo no sé cómo le pueden hacer caso a este delincuente, a todo mundo engaña y ha metido en líos, por eso yo nunca voy a tener el menor trato con él”, a seguró Laparade.

Veinte años de proceso

Todo inició en 1993 por una demanda que hizo Eduardo Moreno en contra de Mario Moreno Ivanonva, respecto a los derechos de 39 películas cuyos derechos, según Laparade, le cedió Mario Moreno Reyes un mes antes de morir, mediante un documento firmado ante notario.

El 13 de agosto de 2010 la juez susana Trujano reconoció a Eduardo Moreno Laparade la titularidad y/o propiedad de las películas que mario moreno Reyes, Cantinflas, produjo con sus compañías Posa Films y Posa Films Internacional S.A. de C.V., y su derecho a cobrar las regalías que Colombia Pictures, ha depositado en los tribunales de EU de y condenó a Mario Arturo Moreno Ivanova, hijo adoptivo del fallecido actor, a no molestar tales derechos y pagarle daños y perjuicios a Laparade.

La sentencia de 2010 fue confirmada en noviembre de ese año por tres peritos de la primera sala familiar, quien le concedió un amparo a Ivanova para desahogar una prueba testimonial a cargo de Mevly Azucena Reyna, quien en aquel momento era notario público en Texas, y cuyo testimonio valió para que la juez Susana Trujano se retractara, invalidando las declaraciones del médico de Cantinflas y de peritos que establecen que Mario Moreno sí tenía la capacidad necesaria, cuando firmó el contrato de cesión de derechos.

“El proceso que estamos llevando a cabo es una averiguación previa que inicia la Procuraduría a petición de la denuncia de Eduardo Moreno, que determinará si existe la comisión de algún ilícito”, indicó Juan Carlos Suarth, abogado que acompañaba al sobrino del actor cómico.

“La conducta de la juez se ha puesto del conocimiento de la PGJ, deberá ser investigada y, en caso de resultar procedente, ejercitarse acción penal”, dicta el boletín de prensa.

[El Universal ]