La ley automordaza aplicada por las autoridades, llámese grupo BETA o el Instituto Nacional de Migración, no ha permitido contar con cifras exactas de las personas que son deportadas por esta frontera, y de esta manera se impide también que se apoye a los connacionales que demandan ayuda.

Así lo expresó el sacerdote Francisco Gallardo López, quien destacó que en muchas de las ocasiones se obstaculiza su trabajo al frente de la casa del migrante porque no tienen muchas veces recursos suficientes para brindarles la atención requerida.

Gallardo López, subrayo que ellos, como ONG, Organización No Gubernamental proporcionan cifras exactas de las personas que buscan ayuda, principalmente porque requieren también de la comunidad católica quienes son los benefactores de la casa del migrante y también del indigente.

Dijo lamentar no poder dar una opinión sobre el proceder de estas dependencias federales, porque finalmente los empleados que aquí las atienden, reciben órdenes de sus superiores a quienes sólo se les puede localizar vía telefónica o de quienes reciben información solo a través de comunicados.

Por: Isabel Rendón